La era de las amnistías ha terminado. Desde que el presidente Donald J. Trump volvió al cargo, Estados Unidos ha puesto en marcha la reforma más agresiva y exitosa en cuanto a la aplicación de la ley en materia de inmigración en la historia moderna de los Estados Unidos, y ello se extiende a los tribunales de inmigración.
En un comunicado oficial emitido por la Casa Blanca el 9 de abril de 2026, se afirmó que «tras cuatro años de caos durante la era de Biden, se convirtieron a los tribunales de inmigración en auténticas fábricas de amnistías para inmigrantes ilegales sin investigar. La Administración Trump está reformando ese sistema fallido».
El presidente Trump tomó medidas decisivas, sustituyendo a los jueces activistas que ralentizaban las deportaciones y concedían asilo a un ritmo vertiginoso, cambiándolos por profesionales comprometidos con hacer cumplir la ley, no con socavarla.
No más jueces activistas que amparan a criminales ilegales. No más retrasos sin fin. Solamente resultados. El 20 de enero, al asumir el cargo para su segundo mandato, el presidente Trump suspendió el sistema de asilo como parte de su ofensiva contra la inmigración ilegal, y emitió una serie de órdenes ejecutivas diseñadas para detener lo que llamó la «invasión» a Estados Unidos de América.
Las tasas de concesión de asilo se han desplomado: con el presidente Trump, ahora se concede el asilo solamente en el 7 % de los casos, lo que representa un mínimo histórico; esto resulta en una caída vertiginosa de más del 50 % respecto a lo que se aprobaba durante la época del presidente Joe Biden.
Al mismo tiempo, las deportaciones y las órdenes de expulsión están aumentando considerablemente: en el pasado año fiscal 2025, los tribunales de inmigración dictaron casi medio millón de órdenes de expulsión, lo que significa un aumento del 57 % con respecto al año 2024.
De acuerdo con el gobierno del presidente Donald J. Trump, los inmigrantes ilegales con antecedentes penales son expulsados más rápidamente y en una cantidad mucho mayor que nunca en la historia de los Estados Unidos.
Desde tiempo anterior ha existido un enorme retraso en los tribunales de inmigración, y para el gobierno de Trump es una prioridad reducir drásticamente ese atraso; por ello, se han resuelto ya cientos de miles de casos de expulsión desde el día de la toma de posesión del presidente Trump, y las reducciones se aceleran cada mes, poniendo fin a retrasos de años que permitían a los inmigrantes ilegales permanecer indefinidamente en los Estados Unidos.
La aplicación de la ley en general está dando resultados: más de tres millones de inmigrantes ilegales han abandonado los Estados Unidos durante el segundo mandato del presidente Trump.
Esta es la mayor reducción de la inmigración ilegal en la historia moderna norteamericana; mientras tanto, no se ha liberado a ningún inmigrante ilegal en la frontera sur durante 11 meses consecutivos.
En su campaña, el presidente Trump prometió poner fin a la pesadilla de las fronteras abiertas, y está cumpliendo esa promesa con una fuerza implacable. La era de la política de «captura y liberación», las liberaciones masivas y la amnistía judicial impulsada por activistas ha terminado.
Es evidente que el gobierno de Trump planea acabar con algunas peticiones de asilo; el plan estará dirigido principalmente a los inmigrantes que ingresaron a los Estados Unidos de manera ilegal y luego solicitaron asilo político.
Lo que está implementando la administración Trump es una ofensiva contra la comunidad migrante, principalmente procedente de América Latina, a pesar de las protestas en contra de las deportaciones masivas.
Reportes publicados en los principales medios de información norteamericanos señalan que la administración del presidente Trump planea aplicar nuevas acciones que afectarán a los solicitantes de asilo en los Estados Unidos, quienes podrían enfrentarse a una rápida deportación sin tener derecho a una audiencia en los tribunales.
El plan formaría parte de una serie de acciones que ha tomado el gobierno de Trump para evitar que los migrantes accedan a protecciones legales. Los esfuerzos son una respuesta ante la presión de alcanzar altas cifras de arrestos de inmigrantes, como prometió Trump durante su campaña.
La «grande y hermosa ley» de Trump, aprobada por el Congreso, le dio enorme fuerza a los agentes de ICE.
