El dictador nicaragüense Daniel Ortega, echó mano a la política de la olla de presión y permitió la entrada de cubanos sin necesidad de visa, una maniobra diseñada y conocida por los gobiernos de La Habana y Managua, para aliviar el descontento popular en Cuba tras las históricas protestas del 11 de julio y la represión de la Marcha Cívica programada con sus luces y sus sombras para el 15 de noviembre de 2021.
La apertura de la llamada «ruta de los volcanes» (Según Ana Carolina García, directora de Promoción y Mercado del Instituto de Turismo de Nicaragua, los cubanos están principalmente deslumbrados por la majestuosidad de estos fenómenos naturales) envió un mensaje indirecto del régimen castrista: el que quiera y pueda, que se vaya. Las consecuencias de esta salida masiva hacia Nicaragua están en pleno desarrollo. Cientos de miles de cubanos han cruzado la frontera entre México y Estados Unidos. Muchos han denunciado que los originarios de la mayor de las Antillas son tratados de manera denigrante desde que abordan el avión y se les retiran sus pasaportes. Al llegar a Centroamérica, quedan a merced de los coyotes, traficantes que solo pueden ofrecer sobornos ante las autoridades migratorias y ninguna seguridad.
Numerosos testimonios relatan traslados en condiciones infrahumanas, maltratos por parte de policías y pandilleros, accidentes fatales y un peligro constante en el recorrido desde Managua hasta la frontera estadounidense, pasando por Honduras, Guatemala y México.
Lo cierto es que, desde que el régimen Ortega-Rosario Murillo abrió en 2021 las puertas del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino a vuelos chárter, Managua ha recibido un flujo creciente de vuelos procedentes de países como Surinam, Libia, Marruecos, Uzbekistán, India y Tayikistán. A esto se suman los vuelos llenos de migrantes de Cuba, República Dominicana, El Salvador, Curazao y Haití, que utilizan esta ruta para evitar el paso por la selva del Darién.
El régimen sandinista ha encontrado un negocio lucrativo en el tráfico de migrantes. En 2023, el régimen recaudó, según fuentes diversas, unos 1,664 millones de córdobas en “multas” a migrantes, clasificadas bajo “otras tasas de servicio”, lo que representó el 64.3% de los ingresos de la Dirección General de Migración y Extranjería.
Estados Unidos ha comenzado a ver este flujo como una amenaza para su seguridad nacional, y en noviembre de 2023, el Departamento de Estado implementó una política de restricción de visas “contra propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías que ofrecen vuelos chárter a Nicaragua, destinados principalmente a inmigrantes irregulares hacia Estados Unidos”.
A pesar de las advertencias de Washington, el régimen sandinista continúa con el tráfico migratorio. Analistas políticos coinciden en que los Ortega-Murillo son parte de una red internacional de tráfico de personas. El exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, argumentó en un artículo que Ortega “debería ser perseguido internacionalmente como parte de una red de traficantes de personas”.
Uno de los objetivos del régimen sandinista parece ser “provocar a Estados Unidos” aumentando la carga administrativa de migrantes en la frontera sur, un tema crítico en año electoral.
En junio, las autoridades estadounidenses capturaron en Nueva York, Filadelfia y Los Ángeles a ocho presuntos terroristas de Tayikistán, con posibles vínculos con el Estado Islámico (ISIS). Lo sorprendente es que ingresaron a Estados Unidos por la frontera sur durante 2023, lo que ha aumentado la preocupación sobre el control migratorio en la región.
El flujo ha disminuido por el programa del parole humanitario aprobado como medida desesperada del presidente de EEUU Joe Biden para contener el caos en la frontera creada por la propia administración demócrata, Según datos recientes ofrecidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza más de 462,100 haitianos, nicaragüenses, venezolanos y cubanos llegaron legalmente en vuelos comerciales y se les concedió la libertad condicional a través del proceso que otorgan un máximo de 30,000 visas mensuales a estas nacionalidades.
“Específicamente, aproximadamente 100,500 cubanos, 193,400 haitianos, 87,800 nicaragüenses y 113,400 venezolanos fueron examinados y autorizados para viajar”, indica el documento. Sin embargo, aclara que, de ellos, aproximadamente 98,200 cubanos, 177,100 haitianos, 80,700 nicaragüenses y 106,100 venezolanos llegaron legalmente y se les concedió la libertad condicional.
